En algunas ocasiones, uno de los aspectos importantes de cómo se discute sobre algunos temas en la discusión pública es aquello que no se discute. En este sentido, el hecho que no haya llamado mayormente la atención que el Bono Marzo, aprobado el 18 de marzo, promulgado el 24 de marzo, se haya empezado a pagar a partir del 30 de Marzo es uno de los aspectos más interesantes sobre su implementación.
Ha pasado a ser parte de aquello que damos por obvio, la capacidad para implementar de manera muy rápida y con alto grado de automatización. En torno a la automatización recordemos que un porcentaje de alguna importancia –alrededor del 10% de los beneficiarios- recibe el bono sin necesidad de realizar un trámite (recibe depósitos en cuentas BancoEstado o, en el caso de funcionarios públicos, en sus remuneraciones). El resto de las personas sólo tiene que realizar el trámite de ir a cobrar el bono, pero no necesita realizar trámites para acreditar que le corresponde efectivamente recibirlo. Eso representa un avance importante en simplificar trámites y en el servicio a las personas, particularmente en un Estado –como el Chileno- que recibe muchas críticas de sus ciudadanos al respecto. A ello se suma, el hecho que ser beneficiario se logra sin necesidad que las personas pierdan tiempo buscando documentos que acreditan esa condición, por tanto, dicha acreditación no suma tiempo a la recepción del beneficio. El bono se empezó a pagar a cuatro días hábiles de estar promulgado y al 5 de abril alrededor de 250 mil personas ya lo han recibido –una cifra superior al 10% del total de beneficiarios.
Sin embargo, lo significativo es que el importante aporte de valor para las personas que representa un bono que se implementa en forma automatizada y rápida, ya se da por normal y no llama la atención. Un procedimiento de implementación con estas características habría parecido de difícil realización hace algunos años atrás, pero en la actualidad no merece mayor comentario. Es el mismo proceso que hace el hecho que, por ejemplo, la Operación Renta se realice casi completamente a través de Internet, y que muchas personas sencillamente acepten el cálculo de impuesto que realiza el SII, de forma que el proceso también se realiza con el mínimo de intervención por parte del ciudadano; también parezca algo evidente a pocos años de su implementación, y sin que nos llame mayormente la atención un proceso que en muchos países no se desarrolla de esta forma tan sencilla.
Hay dos aspectos que son importantes destacar en relación a esta situación que creemos relevante de mencionar:
El primero es el más evidente; el hecho que rápidamente se den como naturales avances en el servicio a las personas, implica un aumento permanente en las demandas de la población; años atrás que un bono se entregara a 4 días de su promulgación podría haber llamado la atención, en la actualidad parece la forma evidente en que se realizan las cosas y en el futuro parecerá un atraso impresentable. Más aún, y de manera más directa, el alcance de estos estándares de servicio vuelve más intolerable la experiencia de servicios donde no se ha alcanzado dichos estándares. La experiencia de un mejor servicio aumenta las demandas y umbrales mínimos que pide la ciudadanía
El segundo es algo menos claro, pero de todas formas es importante mencionar; estas implementaciones descansan sobre un fondo de confianza importante que las personas tienen en el Estado. El proceso, al fin y al cabo, depende que las personas estimen que, en general, el Estado efectivamente puede determinar a quienes les corresponde el bono y que realizará esta tarea de manera imparcial y justa. Sin esta confianza básica, el procedimiento quedaría entrampado en múltiples procesos para determinar la adjudicación del beneficio y de discusiones públicas sobre si se está dejando o incluyendo de manera improcedente a ciertas personas. El hecho que lo anterior no ocurra, y por lo tanto la implementación se pueda desarrollar sin mayores problemas, implica un alto grado de confianza de las personas en el Estado chileno. Ese es un capital importante de la sociedad chilena, y representa un desafío relevante para las instituciones públicas responder efectivamente a esta confianza depositada en ellas.
